Hace unos días, en la planta de hospitalización psiquiátrica de un hospital madrileño con nombre de médico ilustre, se suicidó un hombre extranjero. No es algo infrecuente: cada cierto tiempo, en las plantas de psiquiatría del Estado español, alguien muy angustiado —a quien el personal ha dejado solo o sola— se quita la vida; una paciente es agredida sexualmente por un compañero o por un profesional de la salud; a alguien se le para el corazón mientras se le administra electroshock. Lo poco frecuente es que estos casos traspasen la opacidad de lo que ocurre en estos lugares de encierro y lleguen a conocimiento de quienes estamos fuera. Esto solo sucede cuando las víctimas o sus familias logran reunir la energía necesaria para emprender algún tipo de reclamación o de acción legal, casi siempre infructuosa.
Podría resultar sorprendente que alguien consiga matarse en una de las unidades psiquiátricas más coercitivas de la capital, que recientemente ha invertido una cantidad considerable de dinero en «seguridad»: la planta cuenta con varias puertas dobles de acceso —de modo que el visitante queda encerrado unos segundos entre ambas (no se abre una puerta sin que se cierre la anterior, como ocurre en las prisiones)—, cámaras de videovigilancia en varios puntos, incluidas todas las habitaciones de las personas allí ingresadas; una habitación, con una cama fijada al suelo, exclusivamente dedicada al aislamiento de los pacientes («habitación de bajo estímulo», la llaman); y un personal renuente —según se cuenta— a salir de la «pecera», el control de enfermería. Este espacio, también construido con la reforma de la unidad, es donde el personal sanitario se reúne y donde un trabajador permanece constantemente ante una pantalla observando el circuito de videovigilancia.
La conclusión lógica que cualquiera podría deducir es que la coerción no hace que alguien que no ve otra salida que acabar con su vida se encuentre mejor. Una persona en este estado no mejora cuando la confinan en solitario. Porque, lógicamente, esta persona estaba sola cuando se ahorcó. Sola y aislada. Es difícil pensar que alguien pueda ahorcarse estando acompañado por otro ser humano con intención de cuidarle. Sin embargo, la profesión psiquiátrica no se caracteriza precisamente por su lógica. No parece muy razonable —ni humano— dejar solo en una habitación a un hombre angustiado, que no sabe bien dónde está o cómo ha llegado allí, después de haber pasado un día atado a una cama. Tampoco parece lógico poner otra puerta de seguridad cuando alguien «se escapa» de una unidad, en lugar de pensar cómo mejorar el entorno clínico para que la gente no quiera salir huyendo de allí. No parece lógico plantearse reformar un baño, en lugar de pensar qué posibilita que un hombre angustiado decida matarse en un lugar que se supone destinado a su cuidado. No parece lógico inmovilizar y aislar a alguien con ideas suicidas. Pero cuando la coerción es el modelo, la coerción es la solución.
Y así, algunos ya están pensando no en cómo acompañar mejor a las personas ingresadas para evitar que quieran matarse allí, sino en cómo reforzar las medidas de control para que esto no vuelva a ocurrir: ¿no sería mejor instalar cámaras de seguridad también en los baños, vulnerando un poco más la intimidad de los pacientes, pero sin duda en beneficio de su bienestar? ¿No debería este hombre haber seguido con las correas con las que —seguramente con buen criterio— fue atado durante 24 horas y con las que llegó a la planta? ¿Quién lo desató? Quizá incluso debería invertirse en las nuevas contenciones de tórax, que incorporan una banda en los genitales, para mayor seguridad y beneficio de las personas que necesitan este tipo de medidas. ¿No deberían hacerse reformas estructurales que impidan colgar una sábana en cualquier lugar?
Pocos días después del trágico incidente se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. En algunos sitios «festejando» y «visibilizando» que «la salud mental» es una cuestión importante que necesita consideración; en otros, organizando jornadas de formación para profesionales. Una de estas jornadas tuvo lugar en el Ministerio de Sanidad, bajo el bienintencionado título «Derecho a ser humano: derechos humanos en salud mental«. Durante las ponencias se repitió algo habitual en los entornos profesionales cuando se habla de cómo no vulnerar los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental. Uno de los ponentes, un psiquiatra que trabajaba en Irlanda, reflexionaba sobre cómo allí se habían prácticamente erradicado las contenciones mecánicas (solo dos hospitales de 62 las habían utilizado) y el 91% de las contenciones físicas —es decir, sujetar a una persona con las manos— duran menos de quince minutos. Este psiquiatra consideraba que una de las medidas para él más importantes para esta disminución «masiva» de las medidas coercitivas (un 43% en seis años) había sido la posibilidad de que uno o hasta cuatro health assistants —equivalente en nuestro país a técnicos en cuidados auxiliares de enfermería— estén disponibles para acompañar al paciente que lo necesite.
A partir de aquí, varios profesionales, en distintos momentos de la jornada, se lamentaron de que en nuestro país no hubiera recursos suficientes. Es la falta de recursos —repiten estas personas como un mantra— lo que obliga a los profesionales, aunque afectados por la necesidad de tomar estas medidas (que no le gustan a nadie, como es sabido), a recurrir a ellas. La escasez de recursos es la justificación más frecuente de las prácticas coercitivas, aunque organismos como la ONU hayan señalado que la falta de recursos no puede justificar el trato inhumano o degradante, y existan experiencias en las que la coerción ha disminuido drásticamente sin necesidad de incrementar el presupuesto. ¿Cómo podría soportar nuestro sistema sanitario que un TCAE acompañe a una persona con riesgo suicida? Sin embargo, no parece haber muchas objeciones a instalar una segunda puerta de seguridad, colocar cámaras de videovigilancia o recetar medicación carísima —aunque no esté avalada por la evidencia científica— bajo la etiqueta de «uso compasivo», como ocurre actualmente con la esketamina (quizá prescrita por psiquiatras con conflictos de interés con el fabricante, quién sabe).
¿Es realmente una cuestión de recursos? ¿O se trata más de una cuestión de prioridades? Incluso aunque supusiera un gasto significativo invertir en medidas de acompañamiento a personas con riesgo suicida -sin contar con que reducir la coerción podría acortar hospitalizaciones, disminuir el uso de medicación o ahorrar otros costes a medio y largo plazo-, ¿qué precio le vamos a poner a la vida de las personas que son atendidas en unidades de psiquiatría?
Parece que no mucho. No parece muy probable que nadie reclame por un migrante con psicosis muerto en un hospital español, y aunque lo hiciera, serviría de poco. Si alguien llegara a denunciar algo así, el cuerpo médico dispone de los recursos (ahí sí) para salir indemne. Un ejemplo terrible es el de Andreas Fernández, de 26 años, que murió de meningitis tras tres días atada e ignorada en una planta de psiquiatría. A pesar de todos los esfuerzos de su hermana Aitana, el caso fue archivado sin ningún tipo de reparación. Aitana incluso tuvo que soportar que la psiquiatra responsable la regañara por tener una crisis de ansiedad: «No estamos aquí para atenderte a ti».
Poco respetuoso parece este sistema, que sin rubor alguno se encoge de hombros o mira hacia otro lado cuando se le señalan las vulneraciones cometidas dentro de sus instituciones de «atención». Porque, lamentablemente, por mucha conmemoración anual y mucha fiesta, la salud mental de las personas ingresadas en los servicios de salud mental no le importa a nadie. Y es difícil creer que algo vaya a cambiar hasta que alguien entienda, de verdad, que las vidas locas importan.
