RAMALES, EL PROBLEMA NO ES LA OCUPACIÓN
El pasado 14 de febrero se hacía noticia en la prensa generalista cántabra y en algún periódico vasco que en el pueblo de Ramales de la Victoria más de una decena de miembros de una empresa de desokupación llamada «Antiokupas» lograban que doce personas abandonaran dos pisos tras un largo periodo de problemas e incidentes en la convivencia.
Para ello, como viene siendo habitual, de manera exacerbada desde la crisis de 2008, la demonización de la okupación como herramienta de supervivencia ante la creciente problemática del acceso a la vivienda y el blanqueamiento de las empresas de desokupación, presentadas como salvadoras de los vecindarios y garantes de la seguridad ante la supuesta inacción institucional, llenan el carácter de dichas noticias.
Sin embargo, recibiendo información de primera mano por parte de vecinos del valle, podemos aportar un enfoque distinto al propagado por la prensa.
Ramales se trata de un pueblo de menos de 3000 habitantes con una tradición de izquierdas importante, con población joven proveniente de Bilbao, así como con una realidad hetereogénea donde conviven personas de distintos lugares y de condición obrera. A su vez, en los últimos años se ha convertido en uno de las zonas donde existen alquileres de menor coste. Sin ir más lejos, personas que viven allí nos cuentan que estuvieron alquilando pisos por 80 euros al mes hace años en la urbanización origen de este conflicto que se ha mediatizado en las últimas semanas. Llamada Urbanización Cuatro caños, como su antigua constructora, es también conocida en el valle de forma irónica como «Las 3.000 viviendas». Seguramente cualquier persona que esté buscando alquileres asequibles para vivir en Cantabria, se haya encontrado con algún tipo de oferta en Ramales o en lugares aledaños y ello no le sea ajeno. Lo cierto es que la subida de alquileres y la imposibilidad por cada vez más personas para acceder o mantener una vivienda que habitar, genera que se creen focos geográficos donde determinados gestores de activos se aprovechen de la situación estructural para poner precios más baratos bajo modus operandi poco serios y en condiciones pésimas. A su vez, sectores de población con pocos recursos se desplazan a lugares donde poder sobrevivir con menos capital.
Realmente y como hecho compartido por la vecindad de la zona, existen problemas de convivencia que se están traduciendo en robos, amenazas y otro tipo de violencias que sufre el vecindario. Si bien esto está ocurriendo y estaba llegando en los últimos meses a una escalada importante de tensión, en concreto detonada por una serie de personas que vivían en esta urbanización, puntualizan las personas con las que hemos hablado que no hay que olvidar que los problemas de violencia explícita, tensión y malestar no han comenzado con estas personas, sino que llevan siendo un problema arrastrado durante años y protagonizado en muchas ocasiones por personas del valle de toda la vida y/o por personas con mucho recorrido de vida en la zona.
Además de ello, también nos cuentan cómo la ocupación de pisos en Ramales no se da a propiedades de vecinas, sino al gestor de activos Satek, que hace años compró unos pisos para llevar a cabo su actividad rentista. Cuestión que nos recuerda a los relatos de un vecino de Meruelo que en su día nos contaba lo mismo. El despertar «antiocupación» en esa otra localidad cántabra podía nacer por problemas de convivencia reales que abordar de alguna manera. Sin embargo, las ocupaciones eran mínimas y llevadas a cabo a entidades bancarias, así como la instrumentalización de determinados partidos como Vox, PP y ciudadanos también estaba presente, amplificando el chivo expiatorio de «los okupas» como supuesto germen del malestar. En el caso de Ramales, el alcalde socialista en 2013 hablaba acertadamente de un problema social y no de seguridad. Sin embargo, cuando un problema social se intenta solucionar poniendo cámaras de videovigilancia o esperando a que la Sareb o los gestores de activos busquen soluciones, es fácil que la situación acabe leyéndose como una problemática securitaria.
Lo que nos llega de Ramales es que la ocupación lleva existiendo mucho tiempo allí y en muchas ocasiones no ha generado problemas de convivencia. De hecho, no todo el vecindario está en contra de la ocupación a fondos de inversión, bancos y gestores de activos y, sin embargo, sí está deacuerdo en que el problema de coacción y violencia por parte de determinadas personas en la zona se está haciendo cada vez más insostenible.
Otro hecho a cuestionar es el de hacer mención de la etnia procedente de parte de las personas desalojadas por «Antiokupas». Este se trata de un dato habitual que no parece aportar nada de información necesaria de cara al público lector, pero está claro que cada medio señala lo que quiere en base a sus objetivos ideológicos y políticos, aunque estos se tiñan de una aparente neutralidad y objetividad periodística. En cambio, poco interés parece suscitar en la prensa el conocer un poco más sobre «Satek» y «Antiokupas».
En los últimos años han proliferado muchas empresas de desokupación, grupos que actúan entre contactos informales con las fuerzas de seguridad, gran publicidad en los grandes medios, prácticas ilegales y expulsión de personas inquilinas mediante violencia verbal y física. Sin duda, la empresa más conocida es «Desokupa», pero otras han ido surgiendo por la geografía española. En Santoña y castro Urdiales existen ejemplos. Acusadas algunas de tener vínculos con la extrema derecha y de llevar prácticas violentas, especialmente cuando los medios no les graban, desarrollan ciertas estrategias para blanquear su imagen.
La primera, hacerse mucho eco en los medios, cuestión que tienen garantizada. La segunda, visibilizar a trabajadores suyos que sean racializados o personas no blancas para limpiar su fama de racistas. La tercera que nombramos es la de hacerse pasar por «mediadores». Cualquier persona con un mínimo de conocimiento en mediación podrá entender que la actividad de estas empresas es la antítesis de mediar, ya que toman partido por una de las partes «los propietarios» y expulsan mediante amenazas y coacciones cuando es necesario y no hay cámaras de por medio. El «por las buenas o por las malas», incluso con intervenciones no violentas, es algo muy distinto al acto de mediar.
Pero más allá de las acusaciones fundamentadas contra algunas de estas empresas, lo cierto es que esta actividad es un nuevo nicho empresarial alentado por los medios de comunicación y «Antiokupas» es uno más de tantas otras que lo componen. Al igual que El Diario montañés dejaba claro el 14 de Febrero la etnia gitana a la que pertenecen algunas de las personas expulsadas en Ramales, la empresa Antiokupas deja bien claro en contadas ocasiones la nacionalidad de las personas a las que echa a la calle. Basta darse una vuelta por sus redes en internet y darse cuenta que no son sólo una empresa, sino que tienen un discurso político con tintes reaccionarios en sus comentarios constantemente. Llevan desde 2015 echando a personas de tierras, casas y pisos y despertando con ello simpatías por parte de determinados sectores de la población pero, no nos engañemos, sólo de una parte.
Satek en cambio es un gestor de activos de vivienda que centra su actividad en la gestión de micro carteras en zonas deprimidas a las que aumenta su valor. Satek se hizo con parte de los pisos de la Urbanización Cuatro Caños después de que la empresa constructora que lleva ese mismo nombre hubiera construído los bloques. Basta acudir a las reseñas de esta iniciativa empresarial en google para entender el modus operandi que tiene a la hora de tratar con su clientela, el futuro inquilinato de los pisos por los que obtienen beneficio. Entra dentro del prototipo de empresas que viven de especular con la vivienda y, dando prioridad al valor de cambio por encima del valor de uso, están acostumbradas a tener que promover desahucios y desalojos. Por ello, empresas de desocupación son tan importantes hoy en día para hacer valer sus objetivos y proteger sus intereses.
Cerca de entender a la parte del vecindario afectada por las amenazas, los robos y la violencia entre iguales. Cerca de comprender que algunas personas puedan dormir tranquilas sin la sensación de tensión y miedo, lo cierto es que parece más que poco probable que por expulsar a unas personas en concreto a través de una empresa de desocupación la cosa vaya a cambiar demasiado. Ningún conflicto vecinal debe legitimar a grupos de matones a sueldo y especuladores de la vivienda. Este es, bajo nuestra perspectiva, el foco donde poner la atención.
