La actual ofensiva institucional en Cantabria contra el trabajo sexual no busca la liberación de las mujeres ni la protección de sus derechos, sino el disciplinamiento de la migración racializada bajo una moral de herencia colonial.
El debate político regional se ha desplazado hacia una unanimidad punitiva que rara vez cuestiona sus cimientos. Desde las mociones en ayuntamientos como el de Santander hasta la presión por criminalizar la tercería locativa —un término jurídico que castiga a quien alquile un espacio donde se ejerza la prostitución—, el discurso oficial se vende como tabla de salvación. Sin embargo, en la práctica, esta medida no acaba con la actividad, sino que la desplaza a la clandestinidad, empujando a las mujeres al desahucio o a la calle al dejarlas sin lugares seguros donde trabajar. Tras esta retórica se esconde un dispositivo que el feminismo decolonial señala como extensión del racismo institucional: el control de quién puede habitar nuestro territorio y bajo qué condiciones. No se puede ser abolicionista de la prostitución y, al mismo tiempo, cómplice de unas fronteras y leyes de vivienda que asfixian a las más vulnerables.
La geografía del estigma
La realidad física del trabajo sexual en la región ha mutado. El desplazamiento de las mujeres desde espacios visibles como el polígono de Raos o las márgenes de la S-10 hacia la invisibilidad de los pisos en el Ensanche de Santander o el barrio de La Inmobiliaria en Torrelavega, responde a un triunfo del higienismo, no de la justicia social.
La propia Fiscalía Superior de Cantabria ha advertido sobre este desplazamiento forzoso hacia los denominados «pisos relax». Al fomentar la persecución en el ámbito privado, las instituciones lanzan un mensaje de tolerancia cero a la visibilidad de la mujer racializada. Esta opacidad es el caldo de cultivo para la violencia, como el reciente caso en Castro-Urdiales, donde la vulnerabilidad de una trabajadora fue el combustible para un chat de hombres compartiendo su intimidad. Al etiquetarlas exclusivamente como «víctimas» sin voz, el sistema les arrebata su estatus de ciudadanas con agencia, convirtiéndolas en objetos de una política asistencialista que ignora sus necesidades materiales básicas. El estigma social que promueve el abolicionismo es la misma herramienta que usa el agresor para deshumanizarlas.
El punitivismo y el sesgo de la Ley de Extranjería
La insistencia en la vía penal refleja una herencia colonial profunda que asume que la mujer racializada no posee una voluntad política propia. Es importante aclarar que la precariedad del trabajo sexual en Cantabria afecta también a mujeres con nacionalidad española. Sin embargo, es sobre las mujeres migrantes —el perfil mayoritario en los clubes que jalonan la N-634 o la N-611— donde el sistema despliega mayor violencia: mientras que para una trabajadora autóctona el punitivismo significa desprotección, para la mujer extranjera supone, además, la amenaza existencial de la deportación.
A menudo se presenta el trabajo sexual como una ‘falta de alternativas’, pero esta visión roza el determinismo paternalista si no se analiza el racismo del mercado laboral cántabro. En sectores como los cuidados o la hostelería, las condiciones de ‘interna’ en muchas casas de la región rozan la servidumbre; cuestionar la autonomía de quienes prefieren el trabajo sexual bajo el mantra de que ‘ninguna mujer elegiría esto’ no solo es condescendiente, sino que ignora las jerarquías impuestas por el sistema económico y migratorio.
Esta dinámica se observa con nitidez en las intervenciones policiales en clubes de localidades como Cabezón de la Sal, publicitadas bajo el triunfalismo de la «lucha contra la trata». Sin embargo, los datos de la Fiscalía Superior de Cantabria son demoledores: mientras el Ministerio Público contabiliza 10 clubes y 46 ‘pisos relax’ en 2024, en ese mismo año solo se abrió un procedimiento judicial por trata. Este abismo revela la verdadera función de las redadas: una metamorfosis perversa donde la mujer entra en el atestado como ‘víctima a rescatar’ y sale de comisaría como ‘extranjera a deportar’. Esta amalgama conceptual entre trata y trabajo sexual es políticamente útil para el punitivismo, pero operativamente ineficaz contra la trata. Al final, el sistema la ‘salva’ de la prostitución para entregarla a la maquinaria de la expulsión: la prioridad no es su dignidad, sino la regularidad de sus papeles. Defender los derechos de las trabajadoras es la forma más eficaz de arrebatarle el poder a las redes de explotación; donde hay derechos y empadronamiento, el abuso no tiene donde esconderse.
Castro-Urdiales: La impunidad del privilegio local
El escándalo de la difusión de imágenes íntimas en la zona oriental de Cantabria demuestra que el foco del feminismo institucional está desenfocado. El peligro real no reside en el intercambio comercial de sexo, sino en una cultura de masculinidad extractivista que se siente dueña de los cuerpos ajenos.
Al tratar el trabajo sexual como algo intrínsecamente abyecto, el Estado valida el pensamiento del agresor: que estas mujeres no son sujetos de derecho y que su intimidad es un trofeo de consumo masivo. Mientras las instituciones se centran en cerrar locales, dejan intacta la red de privilegios que permite que la vulnerabilidad de una mujer sea el combustible del ocio masculino.
Hacia un feminismo decolonial en la Tierruca
Un feminismo decolonial en Cantabria exige ir más allá de la pancarta y el castigo. Significa reconocer que la verdadera abolición que urge no es la del trabajo sexual, sino la de la Ley de Extranjería que jerarquiza las vidas en función de su origen. Propone denunciar, por ejemplo, las trabas burocráticas en el empadronamiento que imponen diversos ayuntamientos de la región; sin padrón, la mujer es expulsada del sistema de salud y de cualquier red de apoyo, contraviniendo incluso las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
En lugar de más policía en las calles de Torrelavega o Santander, necesitamos redes de autodefensa y la garantía de derechos básicos —sanidad y vivienda— que no dependan de la ??buena conducta» o de abandonar un oficio. El cierre de este ciclo de violencia no vendrá de una nueva ley penal, sino de un feminismo que se siente a escuchar a los colectivos de trabajadoras sin pretender «rescatarlas». La propuesta es clara: menos tutela y más derechos. Solo así Cantabria dejará de ser un territorio que vigila para convertirse en una comunidad que acoge.
