justicia restaurativa

Para abrir procesos de restauración lo primero es reconocer el daño: nombrar el racismo antinegro, la misogynoir, la islamofobia, las políticas migratorias, el control policial, el silencio mediático, la indiferencia institucional.

Hablar de cuidados desde una política subversiva es entender la importancia que posee para subvertir el orden establecido, lo que hemos llamado tanto tiempo como «normalidad», y como dijeran algunas feministas «la normalidad era el problema».

La complejidad del sistema penal y penitenciario exige cuestionar los diversos discursos que lo fundamentan. Analizamos la relación entre la perspectiva feminista y el punitivismo como uno de los actuales engranajes que el sistema neoliberal instrumentaliza para mantenerse en el poder.

El tratamiento mediático de las agresiones impone un marco del castigo que no siempre está funcionando y que se ha infiltrado en las organizaciones de base.

En esta nueva entrega de #Tatianismo, Tatiana Romero habla de justicia restaurativa, que no es más que antipunitivismo atravesado por la mirada antirracista.

Para los mapuche, la pena de privación de libertad no cumple ninguna función y puede conllevar a profundos sufrimientos que sobrepasan aquellos inherentes a la estancia en prisión, con un impacto negativo sobre los miembros de la comunidad.

A cargo de Paz Francés y Laura Macaya.

El sistema penal y la cultura de la pena son elementos que sostienen y perpetúan las desigualdades sociales. Las cárceles son espacios totalitarios, lugares donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Ningún espacio donde se vulneren los derechos humanos debería existir.

La prisión permanente revisable es una pena de cadena perpetua camuflada y es, por ello, una forma de castigo encaminada, únicamente, a multiplicar el sufrimiento de la persona presa de forma “inhumana y degradante”, sin que tenga finalidad alguna desde el punto de vista de la resocialización del delincuente ni de la prevención del delito.

«La gente presa está totalmente frustrada por su situación: “o sea yo estoy en prisión por haber infringido la ley, y conmigo se están violando derechos que no están en el fallo condenatorio: el derecho a la salud, el derecho al trato digno, el derecho a la vida,… ¿qué está pasando aquí?”»

Alternativas comunitarias en el Cauca colombiano, en la Rojava kurda o en las comunidades zapatistas de Chiapas, en algunos casos herederas de la tradición de los pueblos indígenas, son ejemplos que no delegan en los cuerpos policiales armados la gestión de la seguridad.

En esta reflexión se parte de la convicción de que la prisión y, más ampliamente, el sistema penal y la cultura de la pena son elementos que sostienen y perpetúan las desigualdades sociales.