Llevo un tiempo queriendo escribir este artículo. Primero, porque me toca en lo personal; segundo, porque creo que las voces del profesorado no pueden estar enmarcadas en medios tradicionales, en la prensa generalista (o, como antes se decía, «de la burguesía»); tercero, porque creo que parte del mundo libertario ha preferido desmarcarse explícitamente de este ciclo de movilizaciones y, si finalmente es así, creo que ha de ser con conocimiento de causa, sabiendo por qué otras personas hemos decidido implicarnos en una lucha laboral; cuarto, porque el momento es crítico: hacía mucho tiempo que, dos movilizaciones del profesorado con más de dos meses de diferencia reunían a más de dos mil personas en Cantabria. No quiero perder tiempo en contar los hechos: para eso basta, ahora sí, echar un ojo a la prensa generalista. Quiero explicar las características actuales de la lucha docente y por qué pueden resultar útiles y de interés para quien busque una mayor transformación de la sociedad.
El momento es crítico, también, porque estamos a las puertas de una huelga educativa, que, a fecha de corrección de este artículo (10 de marzo) parece inminente. La Consejería de Educación, como ya veremos más adelante, parece querer llevar este conflicto hasta sus últimas consecuencias.
La lucha docente no es una lucha revolucionaria: no es una lucha para comenzar a vivir en el comunismo libertario, no es una lucha para construir el socialismo, no es una lucha para liberar la educación pública de la influencia de la Iglesia, de la Policía o de las Fuerzas Armadas (cada vez más preocupante), no es una lucha para detener el ecocidio de la construcción de los polígonos eólicos en las montañas del sur de Cantabria, ni para detener el genocidio en Gaza.
La lucha docente es una lucha reformista por la mejora de sus condiciones de trabajo (y, por tanto, de sus condiciones de vida). Es una lucha tan reformista como fue la lucha del personal médico, de las subcontratas de Solvay, de las y los obreros del metal, de quienes trabajan en las ambulancias de Diavida. La lucha docente no es una lucha por ganar más dinero (subida de sueldo) sino para no ganar menos dinero porque la inflación no deja de crecer (adecuación salarial). Este punto es importante.
Lo que está sucediendo estos meses, sin embargo, no es más que el último eslabón de una cadena muy larga. El colectivo docente en Cantabria ha luchado (y han conseguido éxito) por otras cosas aparte de las demandas salariales, por todo aquello que tiene que ver con la calidad del servicio público. Hablamos de las condiciones de las infraestructuras, de los materiales con los que se trabaja, de las ratios. Lo distintivo de este momento de la lucha docente es que, por primera vez en mucho tiempo, prioriza lo salarial frente a la calidad de lo público. De ahí que el eslogan utilizado sea #EsAhora. Valorar si es legítimo o no que el profesorado de Cantabria reclamen la adecuación salarial sin tener en cuenta que, durante años, han dado prioridad a la calidad de su servicio frente a sus condiciones laborales es, como puede deducirse, un juicio cojo —cuando no interesado—.
De hecho, creo que lo realmente interesante es, precisamente, este cambio de enfoque. Y no porque el profesorado tengan que ser más generoso o más egoísta (dejo estos debates para el Alerta o El Diario Montañés), sino porque implica que, de una manera u otra, el profesorado de Cantabria está adquiriendo mayor conciencia de clase. Así, desde el encierro docente (el inicial, de quienes ocupan las delegaciones sindicales, pero luego también los de más de cien docentes en centros) y las consiguientes movilizaciones, parece que el profesorado cántabro se identifica, de forma cada vez más clara, como parte de la clase trabajadora. Desde una perspectiva material es algo que tiene poca discusión (venden una parte significativa de su tiempo a cambio de un salario; sin ese salario, no es posible la reproducción de su vida) pero probablemente tampoco sorprenderá que una parte significativa del profesorado se identificaba con esa amalgama llamada clase media. Los derechos adquiridos y la libertad en el ejercicio del trabajo permiten definir al profesorado, de forma más precisa, como clase profesional. El desprecio del Consejero Silva hacia las y los representantes sindicales ha hecho recordar que la clase profesional no es más que una clase trabajadora cualificada, pero trabajadora a fin de cuentas. Probablemente, las palabras del Consejero Silva, han hecho más por la adquisición de conciencia de clase que la acción sindical. Sobre este tema volveré más adelante.
Ahora bien, que un colectivo específico se identifique como clase trabajadora no es, ni mucho menos, una buena noticia en sí misma: es una buena noticia en tanto es un medio para alcanzar otra cosa. La conciencia de clase es un medio para alcanzar reformas en el sistema capitalista (como es, por ejemplo, una subida salarial), pero es una condición necesaria para transformar la sociedad desde sus raíces. Creo que, quien considere que se puede transformar la sociedad sin contar con las personas asalariadas (es decir, aquellas que venden una parte significativa de su tiempo a cambio de un salario y que sin ese salario no es posible la reproducción de su vida), está vendiendo humo.
¿Es más importante que quienes se dedican a la docencia se consideren clase trabajadora a que lo hagan quienes se dedican a la limpieza de la calle, a la atención telefónica o al transporte de personas? Probablemente no. Ahora bien, que el profesorado se perciba (y piense, se organice y actúe) como clase trabajadora creo que proporciona una serie de ventajas estratégicas. En primer lugar, los derechos adquiridos (insisto: dejamos la palabra privilegios para los periódicos del grupo Vocento) le permite construir una barricada más segura para defender los intereses de la clase trabajadora —Quien ejerce la docencia, como gran parte del funcionariado, puede permitirse huelgas más largas y acciones más agresivas contra el capitalismo que muchas personas asalariadas en el sector privado— y las acciones que haga un grupo de personas en defensa de sus derechos laborales acaban beneficiando, normalmente, a otras; en segundo lugar, por la naturaleza de su trabajo, están en contacto directo con la mayor parte de los hijos e hijas de la clase trabajadora, lo que permite una transmisión de valores que ayude a construir esa conciencia de clase (Sobre este tema, la organización estadounidense Democratic Socialists of America sacó un panfleto llamado Why Socialists Should Become Teachers que, desde la evidente distancia ideológica, tiene su interés conocer).
La lucha laboral docente se ha desarrollado (y es previsible que así sea en el futuro más cercano) dentro de la legalidad vigente. Esto significa que su representación sindical está establecida mediante las elecciones sindicales (hasta donde yo sé, y a día de hoy —no siempre fue así en el pasado—, no existen secciones sindicales de sindicatos anarquistas en la Consejería de Educación de Cantabria). En las últimas elecciones sindicales (noviembre de 2022) participaron 4.943 docentes de los cerca de 9.000 que podían haber votado. De esas elecciones se forma la Junta de Personal Docente compuesta por 15 delegados del STEC, 12 de ANPE, 4 de CCOO, 3 de TU, 3 de UGT y 0 del CSIF. Esto ha supuesto, en la práctica, una mayoría «progresista» mínima (STEC y CCOO) frente a una más heterogénea minoría conservadora (ANPE, TU y UGT). Sin embargo, desde hace un tiempo esta Junta está funcionando de forma unitaria, y esta unidad sindical es básica para que pueda progresar la lucha docente.
¿Por qué todo el párrafo anterior es relevante? Porque muestra el equilibrio de fuerzas que hay. Algunas personas dentro del colectivo docente podemos desear que mañana mismo los centros educativos proclamen su autogestión en Cantabria y en todo el Cosmos, pero la realidad es que, sin una fuerza real, esas personas nos quedaríamos solas. Los sindicatos «progresistas» (y con ellos el profesorado con las ideas más avanzadas hacia la ruptura social) se ven, en realidad, entre la espada y la pared: si van muy rápido, los sindicatos conservadores romperán la unidad sindical y Consejería negociará solo con estos; si van muy lentos, el ímpetu en las calles y en los encierros desaparecerá, y no volverán a confiar en sindicato alguno, defienda la ideología que defienda ese sindicato. ¿Qué puede hacer, entonces, el profesorado para que la lucha llegue a buen término? Ser capaz de autoorganizarse de forma paralela (no necesariamente opuesta) a las siglas sindicales.
La asamblea es la organización natural de la clase trabajadora. Del mismo modo que son las personas trabajadoras quienes realizan el trabajo, resulta natural que sean ellas quienes tomen las decisiones sobre las características de ese mismo trabajo. Las características del trabajo educativo (probablemente en centros de Secundaria más que en otros: espacios comunes, tiempos de pausa más o menos similares para la mayor parte de del personal docente, cercanía espacial a los órganos de poder) permiten y facilitan la existencia de asambleas. Es más, tradicionalmente la reunión de todo el profesorado, el claustro, tenía un gran poder sobre la toma de decisiones que afectaban al centro, poder que ha ido perdiendo condicionados por la legislación actual —precisamente por la falta de conciencia en general, ya ni siquiera de clase—.
Estas asambleas de docentes son tribunas privilegiadas para la construcción de ideología, la toma de conciencia y el desarrollo de acciones. Esto es: si la compañera de centro, con la que apenas me hablo, me da un panfleto, probablemente lo tire automáticamente a la basura; pero si mi compañero de trabajo, con el que he tomado decisiones en asambleas y he llevado a cabo acciones por la defensa de mi puesto de trabajo, me comenta que también está preocupado por la (continua) presencia de los Guardias Civiles en los centros o el genocidio en Gaza, es más probable que le escuche un rato. En las asambleas no militamos solo con quienes piensas de manera similar (grupos de afinidad) sino con quienes compartimos un ser social relativamente parecido.
No digo que éste sea el escenario actual de las asambleas, ni mucho menos; digo que éste (el compartir con los compañeros y compañeras una demanda concreta, sea ayer las ratios y hoy los salarios) es un paso previo para intentar construir algo más bonito, en las escuelas y en el mundo. Los cambios sociales y políticos dependen en poca medida de nuestra voluntad y en gran medida de la fuerza que seamos capaz de acumular para imponerlos. Las fuerzas que buscan destruir el Escudo, las que quieren convertir Gaza en un resort sembrado con cadáveres de niñas y niños y las que quieren que la clase trabajadora (hoy el profesorado, mañana quien sea) cobren menos por su trabajo, son exactamente las mismas: la fuerza del Capital contra el trabajo, las fuerzas del despojo contra la vida. Por supuesto que es más importante la vida de la población gazatí o la supervivencia de las turberas del Escudo que la actualización de la nómina del profesorado. Por supuesto que es más importante en educación, las ratios altas, el cierre de escuelas rurales, la infraestructura de los centros, la privatización de servicios o la concertación de centros educativos que la actualización de nóminas. Sin embargo, hoy al profesorado se les ofrece la oportunidad de doblegar al poder en esa pequeña parcela de la realidad. Si el colectivo docente consigue triunfar, más allá de la adecuación salarial, habrán conseguido algo más importante: descubrir que, organizado, es posible vencer.
